En un giro dramático de la geopolítica y los derechos soberanos, Argentina se encuentra hoy en el centro de una controversia judicial internacional que va más allá de meros litigios económicos: el país está siendo obligado por una corte estadounidense a entregar el 51 % de las acciones de YPF**, su empresa petrolera emblemática, como parte de una indemnización por la expropiación de 2012. Este episodio ha disparado hipótesis provocadoras: ¿es Argentina el “estado número 51” de Estados Unidos en la práctica?
El conflicto judicial: de la sentencia al ultimátum
Origen del juicio
- En 2023, la jueza Loretta Preska del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York falló que Argentina debía indemnizar a los accionistas minoritarios de YPF —Petersen Energía y Eton Park— por USD 16.100 millones, al considerar que la expropiación de 2012 debía haber sido acompañada de una oferta pública para todos los accionistas.
- En ese mismo fallo, Preska ordenó que Argentina transfiriera el 51 % de sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en Bank of New York Mellon en Nueva York, dentro de un plazo de 14 días.
Reacción del Estado argentino
- El gobierno, encabezado por Javier Milei, anunció que apelaría “en todas las instancias que correspondan” para defender la soberanía del país y evitar la transferencia forzada de un activo estratégico.
- En su defensa, Argentina invocó la **Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA)** de EE. UU. como blindaje legal, argumentando que la orden viola la legislación argentina, la soberanía nacional y principios del derecho internacional.
Suspensión temporaria
- En agosto de 2025, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York concedió una suspensión administrativa a la orden de entrega del 51 % de YPF mientras se tramita la apelación.
- En este escenario, Argentina conserva por el momento la mayoría accionaria. Sin embargo, la sentencia original de pago —los USD 16.100 millones — sigue sin revocarse.
El memorándum “estratégico” con EE. UU. y su contexto
Al margen del litigio por YPF, Argentina y Estados Unidos vienen reforzando su vínculo en ámbitos estratégicos. En agosto de 2024, ambos países firmaron un **Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Minerales Críticos**, con el objetivo de fortalecer cadenas de suministro, inversiones y posicionar a Argentina como proveedor confiable de recursos estratégicos.
Este tipo de acuerdos —minerales estratégicos, energía, comercio, defensa— se inscriben en una diplomacia que busca reinsertar a Argentina en circuitos internacionales con mayor protagonismo convergente hacia Washington.
¿Argentina, “estado número 51”? — Un ejercicio provocador
Esa pregunta —en apariencia hiperbólica— ha ganado resonancia en redes sociales y discursos críticos del litigio. Podríamos interpretarla con tres niveles:
- Literal: Argentina no es un estado federado de EE. UU. ni está sujeta a su Constitución. Legalmente, carece de fundamento.
- Simbólico-jurídico: la orden judicial foránea sobre un activo tan central como YPF, con potencial de usurpar decisiones soberanas, evoca la subordinación política o la pérdida de autonomía que podría tener un estado federado dentro del sistema estadounidense.
- Relacional y económico: la dependencia creciente de acuerdos bilaterales, la presión del sistema financiero internacional (especialmente fondos litigantes), y las reglas del juego legalista estadounidense sobre deudas externas colocan a Argentina en una posición de vulnerabilidad estructural frente a tribunales foráneos.
En ese sentido, más que “estado 51”, la metáfora sugiere una asimetría de poder extremo, donde un juez de EE. UU. podría decidir sobre el control de una empresa estratégica argentina. Es una alarma simbólica: si algo así ocurre con una petrolera, ¿qué impedirá decisiones judiciales extraterritoriales sobre reservas, bancos centrales, deuda o recursos nacionales?
Riesgos, implicancias y escenarios
Riesgos políticos y diplomáticos
- Pérdida de control sobre YPF, debilitamiento de la soberanía energética.
- Repercusiones en la credibilidad del Estado frente a inversores extranjeros y locales.
- Tensiones diplomáticas con Estados Unidos y con otros países que apoyan la causa argentina. De hecho, Argentina ya ha recibido respaldo formal de Ecuador, Chile, Uruguay, Italia, Ucrania, Israel y Rumania para intervenir como *amicus curiae* en su defensa.
Riesgos jurídicos y financieros
- La sentencia de USD 16.100 millones sigue corriendo y podría generar embargos internacionales sobre bienes argentinos.
- Si una instancia superior ratifica el fallo, la ejecución forzada podría producirse pese a apelaciones.
- El precedente podría abrir el camino para reclamos similares sobre otros activos estatales en el extranjero.
Posibles escenarios
- Victoria parcial argentina: la Corte de Apelaciones o una instancia superior anula la obligación de entregar acciones, manteniendo la deuda pero preservando el control soberano.
- Acuerdo negociado: se pacta una compensación monetaria o híbrida (acciones, pagos escalonados) que evite la ejecución forzada.
- Ratificación estadounidense del fallo: la cesión se materializa, transformando la situación en una pérdida irreversible de activos estratégicos.