El Ejecutivo nacional anunció este mes el comienzo formal del proceso para privatizar parcialmente Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
Qué se prevé
- Se pondrá a la venta el 44 % del paquete accionario de NASA, mediante una licitación pública nacional e internacional.
- El Estado se quedará con el 51 % de las acciones, manteniendo así el control mayoritario y operativo de la empresa.
- Además, se creará un Programa de Propiedad Participada, que destinará hasta un 5 % del capital para que los trabajadores puedan ingresar como accionistas.
Fundamentos y contexto
- La medida forma parte de la Ley Nº 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, sancionada en el año anterior, que incluyó a NASA entre las empresas estatales sujetas a privatización parcial.
- El Gobierno argumenta que la empresa recibió en 2023 transferencias estatales no reintegrables por unos AR$ 700 millones, mientras que en 2024 no recibió financiamiento estatal, lo que se interpreta como un paso hacia un modelo con mayor participación privada.
- También se lo presenta como necesario para asegurar fondos para inversiones estratégicas, como la extensión de la vida útil de la central Atucha I (su reingreso está previsto para 2027), y para el proyecto de almacenamiento en seco de los elementos combustibles gastados (ASECG II).
Críticas y objeciones
- El gremio Luz y Fuerza Zárate expresó preocupación por la posibilidad de que el servicio eléctrico se encarezca y que se deteriore la calidad si ingresa capital privado. También advierten sobre los riesgos para la soberanía energética.
- Organizaciones del sector nuclear y especialistas subrayan que NASA es una de las pocas empresas estatales que funciona con superávit. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2025 reportó un resultado financiero positivo de AR$ 17.234 millones.
- Se considera que la empresa tiene un carácter estratégico: no solo por el aporte energético (cerca del 7 % de la generación eléctrica nacional), sino también por el know‑how técnico en materia nuclear, que resulta difícil de replicar.
- También hay dudas expresadas por expertos sobre el marco tarifario y las garantías que se ofrecerán a los inversores, y se señala que el Estado deberá definir con claridad las condiciones del contrato, qué asume cada parte y cuáles serán los riesgos.
Impacto posible
Económico: Podría inyectarse capital privado para modernizar plantas, sostener las inversiones necesarias y asegurar la continuidad operativa. Sin embargo, si no se manejan bien los contratos y regulaciones, podrían generarse costos adicionales para el Estado o los usuarios.
Político e institucional: La medida profundiza la política del Gobierno de Javier Milei de reducir el tamaño del Estado y aumentar la participación privada en empresas antes estatales.
Puede generar tensiones con sindicatos, actores del sector energético, instituciones científicas y sociales que defienden la soberanía nacional sobre recursos estratégicos.
Energético: Si funciona, puede contribuir a la seguridad energética, modernización de las centrales y mejor administración de los residuos nucleares. Pero la transición exige fuerte regulación, transparencia y cumplimiento de estándares de seguridad nuclear.
Estado del proceso
Según lo anunciado:
- Se emitirá un decreto presidencial para formalizar la privatización parcial.
- Faltan definirse algunos detalles técnicos y legales: valuación final de la empresa, condiciones del contrato, posibles ofertas internacionales, garantías para los trabajadores, cómo será exactamente el programa de propiedad participada.
- Estimaciones iniciales sitúan la valuación de NASA entre US$ 560 millones y US$ 1.000 millones.
Conclusión
El anuncio marca un punto de inflexión en la política energética argentina, ya que una empresa con superávit, estratégica para la matriz de generación eléctrica, abrirá parte de su capital al sector privado. El Estado busca equilibrar la necesidad de recursos para inversiones con el mantenimiento del control. El éxito del proceso dependerá en buena medida de los términos del decreto, de la transparencia del procedimiento licitatorio, del marco regulatorio que se establezca, y de la participación real de los trabajadores en el nuevo esquema.
