Corría el mes de enero de 2001 y Argentina recibiría un crédito por 40.000 millones de dólares por parte del FMI para “blindar” su economía de los efectos financieros; la presión de la deuda sobre las cuentas públicas era agobiante, al punto que el presupuesto nacional del año 2000 preveía destinar el 20 % de los recursos al pago de la deuda externa.
El Blindaje tenía como principales condiciones por parte del FMI:
- Reforma previsional: eliminar la Prestación Básica Universal y elevar la edad jubilatoria de las mujeres.
- Racionalización de la administración pública.
- Reducción del gasto público: en el segundo semestre de 2001 el gobierno ajustaría el gasto en 4.000 millones de pesos, cifra equivalente al 1,5% del PBI. 2.100 millones de esos 4.000 serían recortados a las provincias. Las otras dos partidas ajustadas serían las prestaciones a la seguridad social (jubilaciones) y los salarios del sector público.
- Reestructuración de la ANSES y del PAMI: se le agregaba la desregulación de las obras sociales.
- Congelamiento del gasto primario público de la Administración Nacional y Provincial.
A cambio de gestionar los nuevos créditos, el FMI no solo tomaba las atribuciones del Poder Ejecutivo, sino que también condicionaba al Parlamento. Para ese entonces, muchas de las reformas impuestas por el FMI habían sido instrumentadas por decreto.
A comienzos del mes de noviembre de 2000, el país negoció con el FMI un multimillonario blindaje financiero, con aportes del BID, del Banco Mundial, del Gobierno de España (el mayor inversor extranjero de la Argentina) y de un grupo de bancos comerciales que operaba en el país. Este programa preveía apoyo financiero que se iba a desembolsar a lo largo de los años 2001 y 2002. Para evitar el Default, además de lograr que se concreten esos desembolsos era necesario que los bancos comerciales cumplieran con su compromiso de renovar los 10 000 millones de dólares de Letras del Tesoro que vencían durante 2001 y que además el mercado proveyera fondos frescos para pagar la amortización de capital que se producía a lo largo del año, de aproximadamente 7.000 millones adicionales. El único destino de ese dinero sería el pago de deudas, para aumentar la confianza de los inversores y, en consecuencia, bajar el costo del financiamiento para el Gobierno y el sector privado.
Sin embargo, el «blindaje» solo permitió revertir el retiro de depósitos hasta marzo de 2001. A principios de ese mes comenzaron a circular evidencias de que Argentina no lograría cumplir con las metas de gasto público y déficit fiscal comprometidas con el FMI, con lo cual peligraban los futuros desembolsos. Los rumores de Default se reiniciaron y con ellos la salida de depósitos: a lo largo del mes de marzo se produjo una fuga de depósitos de 5543 millones de pesos/dólares, la mayor salida mensual de depósitos de toda la historia Argentina. En ese contexto se produce la renuncia del ministro de Economía José Luis Machinea y su reemplazo por Ricardo López Murphy. Cuando el nuevo ministro anuncia su programa de ajuste fiscal para el resto del año por 2000 millones de pesos, incluyendo recortes de fondos para áreas como salud o educación, se produce una fuerte reacción popular y la renuncia de varios miembros del gabinete nacional, lo cual acentúa los pronósticos negativos. El propio ministro López Murphy se ve obligado a abandonar el Gobierno tan solo 15 días después de haber asumido en su puesto.
En ese contexto, Fernando de la Rúa ofrece el cargo de ministro de Economía a Domingo Cavallo, considerando que era el único capaz de conducir al país hacia la reactivación económica. Como primera medida Cavallo consiguió firmar, en el mes de mayo, un acuerdo con el FMI, a pesar de no haberse cumplido las metas de gasto público y déficit fiscal planteadas para el primer trimestre de 2001.
Sin embargo, para el mes de julio ya era evidente que las provincias no conseguirían nuevo financiamiento de los bancos y que el gobierno nacional había perdido el acceso al mercado de bonos.
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