Contexto judicial
En septiembre de 2023, la jueza federal Loretta Preska, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, falló contra Argentina por la expropiación de YPF en 2012. El país debía indemnizar a los accionistas minoritarios—Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management (adquiridos por Burford Capital)—por USD 16 100 M (USD 14 390 M a Petersen y USD 1 710 M a Eton Park)
En junio de 2025, Preska ordenó que Argentina transferiera su paquete mayoritario (51 %) accionarial a una cuenta de custodia en Bank of New York Mellon, como forma de pago parcial
Suspensión y apelación en curso
- 10 de julio: Argentina presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones del 2.º Circuito en Nueva York, argumentando que la entrega violaría su soberanía, el derecho internacional y legislación argentina (que exige aprobación del Congreso)
- También pidió suspender la orden (stay), aduciendo que no existen precedentes para una medida tan extrema, y que podría causar daños irreparables a provincias, bonistas y al marco regulatorio interno
- 14 de julio: la jueza Preska aceptó demorar hasta el jueves 17 de julio la transferencia, para permitir que la apelación sea evaluada
Implicancias políticas y económicas
El presidente Javier Milei ha cuestionado duramente a exfuncionarios como Axel Kicillof y Cristina Kirchner, argumentando que la expropiación de 2012 fue “un error ideológico” cuyo costo debe pagar la sociedad (apareció incluso el término mediático “tasa Kicillof”)
Los fondos demandantes, representados por Burford, están abiertos a una negociación, posiblemente involucrando una quita. Mientras tanto, los intereses ya suman alrededor de USD 17 000 M, creciendo a ritmo de USD 2,5 M/día
En el plano económico, el litigio ha tenido impacto: tras el fallo, el precio de las acciones de YPF cayó entre el 5 % y 8 % en Wall Street y Buenos Aires, aunque luego se recuperaron ligeramente
Próximos pasos
- 17 de julio: se llevará adelante la audiencia en Nueva York para decidir la continuidad del stay y evaluar la apelación.
- Si la Corte falla en contra de Argentina, podrían activarse nuevas medidas (embargos, transferencia de acciones).
- Argentina continuaría apelando—en última instancia ante la Corte Suprema estadounidense—mientras explora negociaciones con los acreedores.
Balance
- Argentina (gobierno Milei): defiende la imposibilidad legal y constitucional de entregar acciones sin control político interno, advierte el daño a la soberanía y al interés nacional.
- Fondos Burford/Eton Park: exigen cumplimiento del fallo bajo la excepción de actividad comercial, y apuntan a preservar sus derechos jurídicos.
- Mercados e inversores internacionales: miran con preocupación este precedentes, clave para la reputación financiera argentina.
